En Colombia, el Derecho a la libre y leal competencia fue consagrado de manera expresa, en la Constitución Política de 1991. En efecto, el artículo 333 de la Carta Política establece que la libre competencia es un “derecho de todos que supone responsabilidades”.
Se trata de un derecho económico de carácter colectivo, que a pesar de que aun no ha sido reconocido como un derecho fundamental, en el marco del Estado Social de Derecho se hace necesario que se adopte un sistema económico que se adecue a las necesidades de una economía de mercado, donde los agentes puedan participar libremente y sin otras limitaciones que las que la misma Ley imponga, Colombia reconoció dicha necesidad y fue así como el artículo 333 de la Constitución Política determinó que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, y que la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.
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El reconocimiento constitucional otorgado en el sistema de economía social de mercado dentro del Estado social de derecho, en el cual se establece que la economía se debe regir por principios liberales, como libertad económica -que incluye la libertad de empresa e iniciativa privada- en todo caso encuentra como límite la intervención del Estado para evitar que se transgreda la Libre y leal Competencia, cuyo origen son prácticas que distorsionan y desequilibran la economía y el mercado, y se constituyen como actos prohibidos a pesar de la libertad de empresa. Estos actos se encuentran establecidos en la normatividad colombiana en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, y la ley 256 de 1996.
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